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Exoneración Total De Deuda Pública En La Ley De Segunda Oportunidad: Avances Y Respaldo Europeo

21 de noviembre de 2025

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece a particulares y autónomos en situación de insolvencia una vía para reestructurar o cancelar sus deudas, siempre que actúen de buena fe. Hasta ahora, la normativa limitaba la exoneración de deudas con Hacienda y Seguridad Social a 10.000 € por cada administración, dejando fuera otras deudas de Derecho público.

Recientes resoluciones judiciales, inspiradas en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), han abierto la puerta a la exoneración total de deuda pública, transformando el panorama del Derecho concursal español.

Marco legal europeo

La Directiva (UE) 2019/1023 establece las bases de la reestructuración e insolvencia en la UE. El TJUE ha precisado que cualquier exclusión de créditos públicos debe estar debidamente justificada.

Sentencia 7 de noviembre de 2024 (C-289/23 y C-305/23): el TJUE señaló que limitar la exoneración de deuda pública sin justificación suficiente es incompatible con el Derecho de la Unión.

Auto 28 de abril de 2025 (C-46/24): reforzó que las normas nacionales que impiden la exoneración general de deuda pública deben demostrar motivación clara y concreta.

Estas interpretaciones han permitido a los tribunales españoles reconocer la exoneración completa de deuda pública, siempre que no exista justificación suficiente para excluirla.

Jurisprudencia española reciente

Madrid, Mercantil nº 19 (Auto 708/2025): se declaró inaplicable el límite de exoneración, reconociendo que la protección de la sociedad justa y solidaria no impide liberar deudas públicas.

Alicante, Mercantil nº 1 (Auto 333/2025): se aplicó una exoneración proporcional, eliminando el límite de 10.000 €, destacando la falta de justificación legislativa suficiente y la coherencia con estándares internacionales.

Otros casos destacados:

Madrid: autónomo exoneró más de 150.000 €

Córdoba: empresario liberado de casi 230.000 €

Granada: avalista exonerado de 877.898 €

Estas decisiones consolidan un cambio de paradigma, donde la buena fe del deudor prima sobre restricciones formales, acercando la práctica española a la de otros Estados miembros de la UE.

Principios consolidados

Igualdad entre acreedores públicos y privados

Efectividad de la segunda oportunidad

Protección del deudor de buena fe

Coherencia con el Derecho de la UE

La Ley de Segunda Oportunidad (BOE-A-2015-8469) sigue siendo un instrumento clave para aliviar cargas económicas, y la jurisprudencia reciente permite superar las limitaciones históricas sobre la deuda pública, garantizando una verdadera segunda oportunidad para quienes actúan de buena fe.